Las administraciones públicas requieren en muchas ocasiones a las empresas información sobre sus actividades, desde inscribir las cuentas anuales en el Registro Mercantil hasta ofrecer datos estadísticos o solicitar autorizaciones ambientales. Se trata de las denominadas ‘cargas administrativas’, que en el caso de Granada suponen un coste para las empresas locales de más de 2,8 millones de euros. Para paliar esta alta inversión, que se ha convertido en un lastre en esta época de crisis, se creó a finales del año pasado la Red Empresarial de Cargas Administrativas, compuesta por 129 organizaciones empresariales (49 de ámbito territorial y 80 de ámbito sectorial), entre ellas la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). Para calcular el coste de estas cargas, la patronal ha realizado una ambiciosa campaña de cuestación entre el tejido productivo, que en Granada se ha centrado en sectores como la alimentación, la hostelería, los transportes o el turismo. De este estudio se desprenden algunos datos significativos, como que el 71,6% de los empresarios considera excesivas estas cargas administrativas, el 39% pide más coordinación entre las distintas instituciones y el 32% exige más medios telemáticos para agilizar los trámites.
Muchas de estas obligaciones de información que deben realizar las empresas son indispensables para su buen funcionamiento, como el seguimiento de los libros de contabilidad o las estadísticas de producción. Pero también existen otras peticiones de información que están desfasadas y sobredimensionadas o son repetitivas (exigidas por varias administraciones a la vez), “y eso hace perder tiempo y dinero a las empresas granadinas, que podrían destinarlo a mejorar su productividad y competitividad”, afirma Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, que aboga por identificar “qué obligaciones de información son realmente necesarias” para evitar el alto coste a las pymes. De hecho, el principal objetivo de la recién creada Red Empresarial es reducir en un 30% las cargas administrativas para el año 2012.
El estudio de la CGE revela que estas obligaciones de información (donde se incluyen trámites como la devolución del gasóleo profesional, la emisión de auto-facturas, las encuestas estadísticas para el Banco de España, la comunicación de subcontratos o las garantías provisionales para concurrir a una obra pública) son valoradas de manera bastante negativa por la mayoría de las empresas. “Nuestros asociados creen que existen elementos negativos, como una frecuencia excesiva de entrega o la duplicidad de envío de la misma información”, advierte Cuerva, que señala que esa mala valoración es más común en compañías de entre 250 y 500 trabajadores y en el segmento de entre 500 y 1.000 empleados.
La Red Empresarial de Cargas Administrativas ha enviado un total de 1.500 cuestionarios a empresas de todo el país, de los que 143 corresponden a Andalucía.